Madrid, 17 de noviembre de 2009
El mundo afronta en nuestros días un enorme reto, consolidar tasas de crecimiento económico reduciendo la factura energética. La ratio entre la energía consumida y la producción de bienes, denominada eficiencia energética, mide el coste energético de cada unidad de PIB, dato clave a la hora de medir la competitividad de una economía moderna por razones obvias.
Los últimos datos de eurostat datan de 2007 y muestran a España con una intensidad energética de 184.19 tep (toneladas equivalentes de petróleo por millón de euros de PIB a precios constantes de 2000), mientras que la media de la UE-15 fue 151.66 tep y la de la UE-27 de 169.39, datos que dejan a España en posición desfavorable a nivel comunitario. En la coyuntura actual la estrategia de política energética nacional debe de girar sobre dos vectores: reducción de coste y reducción de emisiones de dióxido de carbono para cumplir las exigencias de Kyoto, además de asegurar la independencia energética tanto geográfica como de fuente de origen.
En este contexto la energía nuclear debe ocupar un lugar clave; es la más barata y no emite sustancia contaminante alguna. La agenda energética en materia nuclear debe pasar por aumentar la potencia instalada hasta llegar a copar un mínimo del 30% de la producción nacional y por modernizar las instalaciones, sin olvidar las inversiones en tecnología de captación de dióxido de carbono en centrales térmicas convencionales.
El mix ideal para España debe estar compuesto por, la nuclear y la térmica convencional en un mínimo del 75%, un 10% a partir de ciclos combinados con el fin de cubrir picos de demanda y el resto y nunca superior al 15% (con el estado del arte y las economías de escala actuales) con renovables (eólica y solar).