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Hoy entrevistamos a ANA ISABEL MARIÑO
CONSEJERA DE VIVIENDA Y M. AMBIENTE


Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y PADE por el IESE; Master en Tributación; Diplomada en Derecho Laboral y Seguridad Social; y Doctor Honoris Causa en Economía por la universidad norteamericana Constantinian University, entre otros títulos, jalonan su curriculum académico. La primera mujer -y hasta el momento, la única- que ha alcanzado la Presidencia de Paradores de Turismo de España. Actualmente, Ana Isabel Mariño es Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y de ella dependen organismos como el IVIMA; el Instituto para el Realojamiento y la Integración Social (IRIS); las empresas públicas ARPEGIO y GEDESMA; y la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental.



¿Qué iniciativas se han adoptado para la prevención
del fraude en materia de viviendas de protección pública?

Aunque los casos de fraude en esta materia en Madrid son limitados, tanto la Dirección General de Vivienda, como el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) cuentan con equipos de inspectores que velan por el cumplimiento de la Ley.

Concretamente, el IVIMA llevó a cabo hasta tres inspecciones durante 2010 en más de 19.000 inmuebles, del total de 23.000 con que cuenta su parque de vivienda, con un porcentaje detectado de posibles infracciones del 0,6 %.

Así mismo, la Dirección General de Vivienda comprueba que todos los demandantes observen los requisitos legales establecidos para optar a un piso protegido.

Posteriormente, las adjudicaciones de vivienda se realizan mediante un sorteo informático, que designa a los beneficiarios de una forma aleatoria y objetiva, ante el notario y ante el público, lo que garantiza su fiabilidad y transparencia.


¿Nos podría mostrar los avances en vivienda para jóvenes,
la disponibilidad de renta de emancipación, el futuro de las
viviendas para jóvenes? todo lo relacionado con los jóvenes,

En España, durante los últimos 30 años, se ha producido un retraso continuado de la edad con que los jóvenes alcanzan la autonomía del ámbito familiar, que se sitúa como media por encima de los 30 años, cuando en 1980 era de 25 años. Una de las causas de este retraso ha sido la dificultad para acceder a una vivienda.

El Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid permite acomodar la adquisición de una casa al ciclo vital de los adjudicatarios, porque con él se prima el pago de una renta como arrendamiento durante una primera etapa; precisamente, cuando más se carece de recursos y de suficiencia económica, dando luego la posibilidad de adquirirla al cabo de cinco, seis o siete años

A lo largo de ese período, el 50 % de lo abonado se conceptúa como ahorro para la compra final

Actualmente disponemos de suelo para construir más de 90.000 viviendas del Plan Joven, en 82 municipios de la Comunidad de Madrid, en los que viven el 95 % de los jóvenes de la región. Se encuentran ya en fase de construcción más de 18.800 viviendas, y se ha adjudicado una cifra superior a las 16.000.

Esta tipología de vivienda, sin coste alguno para el presupuesto público, junto con el resto de las medidas que configuran la política de vivienda de la Comunidad, como la hipoteca joven, o el plan alquila, ha permitido reducir el esfuerzo de accesibilidad que realizan los jóvenes madrileños hasta el 28 % de sus ingresos.

Y aumentar la tasa de emancipación desde 2003 en un 13,6 %. Hoy, uno de cada dos madrileños menores de 35 años, residen en un piso independiente de su domicilio de origen.


¿Cuál es la inversión que realiza la Comunidad de Madrid
con la poca ayuda del gobierno de la nación?

Desde que gobierna Rodríguez Zapatero las inversiones estatales en Madrid se han reducido en un 28 %, frente al incremento medio del resto de las regiones del 40,3 %.

En concreto en Vivienda el recorte presupuestario para 2011 es del 84,7 %, pasando de 73 millones de euros anotados en 2010 a los 11 previstos para rehabilitación en el año en curso.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid mantiene sus objetivos de vivienda, siendo la región que más pisos con protección ha puesto en el mercado desde 2003, una cuarta parte del total nacional, gracias, sobre todo, a la creación de un marco de confianza para la inversión privada, y propuestas imaginativas que no implican un gasto público.

En el presente ejercicio, vamos a destinar 404,1 millones de euros a las políticas de vivienda, haciendo especial hincapié en la rehabilitación de edificios antiguos o degradados por el paso del tiempo, y en la promoción de pisos del IVIMA.


¿Qué valoración podemos hacer de esta legislatura en Vivienda?

Cuatro son las grandes líneas sobre las que se ha guiado la política de vivienda de la Comunidad de Madrid en la presente legislatura:

  • Formular iniciativas para generar ventajas al mayor número de madrileños en su deseo de acceso a una vivienda a precios asequibles.
    Este principio implica actuaciones como la dinamización del mercado del alquiler, el fomento de la colaboración público-privada en la promoción residencial, la rebaja de impuestos, y la reducción del coste final de los pisos con protección.

  • Volcarnos en la rehabilitación de edificios y viviendas, a la vez que favorecemos la movilidad en esas casas antiguas mediante la instalación de ascensores.

  • Recuperar espacios públicos y edificios singulares

  • Abrir nuevos cauces para informar a los madrileños de todas las propuestas de las que pueden beneficiarse en materia de vivienda.

A tenor de los resultados y del cumplimiento de los objetivos comprometidos en el programa electoral, la valoración ha ser más que positiva.

Desde 2007 hemos iniciado 77.548 viviendas protegidas (53 diarias), lo que supone casi una cuarta parte de la cifra total de las iniciadas en España.

Actualmente, en 25.000 hogares de la región, aquellos que por su situación económica se muestran más vulnerables a la crisis, se está pagando una renta al IVIMA de 250 euros al mes; en tanto que en otros 2.500 los alquileres son inferiores a 50 euros mensuales.

El nuevo Plan de Vivienda Regional ha conseguido reducir el precio de los pisos protegidos en una media del 7 %, y ampliar el espectro de beneficiarios hasta un 90 % de la población

En el capítulo de apoyo al mercado del alquiler, desde la puesta en marcha del Plan Alquila se han firmado más de 25.000 contratos, con una media de cerca de 700 al mes, frente a los 248 que se suscriben a través de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) -dependiente del Ministerio de Fomento- en toda España.

Durante la presente legislatura hemos declarado un total de 72.270 actuaciones de rehabilitación, que dan cobertura a 42.000 viviendas en 19 municipios. Además, se han instalado hasta la fecha 2.000 ascensores, que redundan directamente en la mejora de la accesibilidad de otros 30.000 hogares.


¿Qué nos puede decir de la Ley de la Cañada, esperando aún que se apruebe?

La solución al problema de la Cañada Real es una cuestión compleja, a la que durante más de 40 años, las diferentes administraciones han dado la espalda.

Por primera vez, la Comunidad de Madrid ha puesto sobre la mesa una salida para arreglar la situación en la que ha derivado el uso de esta antigua vía pecuaria, que, en los poco más de 14 kilómetros que recorre a través de los municipios de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada se ha convertido en un área de viviendas, infraviviendas y asentamientos chabolistas fuera de ordenamiento urbanístico.

El Proyecto de Ley de la Cañada Real Galiana está tramitándose en la Asamblea de Madrid, donde se está escuchando a todos los expertos, interesados y sectores afectados con el fin de que la aprobación de la misma se haga con el máximo consenso posible.

Tras la desafectación definitiva de la vía pecuaria, la solución ha de partir de una nueva ordenación del suelo, a través de la cual los ayuntamientos decidirán los distintos usos que se debe dar a estos terrenos al paso por sus términos municipales. Esa es la línea de salida para, de forma paralela y según prevé la Ley, alcanzar, en el plazo máximo de dos años, un acuerdo marco de contenido social, en el que se impliquen directamente todos los poderes públicos.

Mientras tanto, es la Administración Central, a través de la Delegación del Gobierno, la que debe controlar la inmigración ilegal y los focos de delincuencia que puedan existir.


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